Todos sabemos la importancia de la ley. No hay sociedad que pueda vivir sin un orden preestablecido. Lo que resulta difícil es justificar la existencia de tantas leyes.

Una aproximación al análisis de este fenómeno revela que, tanto en gobernantes como gobernados, existe un afán por regular normativamente casi todos los aspectos de la vida social: se incurre en el error de creer que todo problema social se resuelve mediante la sanción de una norma, sin verificar previamente su razonabilidad, viabilidad y sustento de legitimidad .

Por eso es frecuente que en un sistema normativo encontremos leyes sobreabundantes como son las normas contradictorias que, al carecer de una derogación expresa, suscitan dudas sobre los alcances que para ellas pueda tener una derogación implícita; las  normas que imponen razonablemente ciertas conductas, pero que no se cumplen por las dificultades que presenta su instrumentación; las normas cuyo cumplimiento no es posible porque su finalidad se desvaneció en el tiempo; las  normas razonables, de indudable necesidad, que no se cumplen porque la autoridad competente se abstiene de aplicarlas o lo hace de una manera tan débil, que con el tiempo acarrean su desuso; las normas en desuso, cuyo objeto quedó agotado o que fueron superadas por el dinamismo de la vida social, aunque formalmente permanecen en vigor.

Esto nos lleva a incurrir en el error de considerar  "leyes vigentes" al "derecho creado", cuando en realidad el derecho vigente excluye, cuanto menos, al derecho abrogado o derogado explícita o implícitamente.

De allí la necesidad de hacer un inventario de las leyes en vigor, una tarea enorme que exige dos condiciones: voluntad política de hacerlo y recursos humanos idóneos.

En Tucumán, a partir de la sanción de la Ley  N° 7692, de fecha 15 de diciembre de 2005 y promulgada el 30 de diciembre del mismo año, luego modificada por Ley 8069 sancionada el 8 de mayo de 2008 se dio la feliz coincidencia de que los impulsores del proyecto (voluntad política) y un grupo entusiasta de legisladores, asesores y jóvenes profesionales (recursos humanos idóneos) se dieron a la tarea, especialmente a partir del contagioso entusiasmo del Vicegobernador y Presidente de la Cámara, el Juan Luis Manzur, de hacer un Digesto, una  tarea mucho mayor de lo que parece al enunciarla.

Lo sabíamos, de entrada, quienes fuimos invitados como asesores  a las reuniones preparatorias en la Presidencia de la H.Legislatura. Sabíamos de las dificultades pero también pudimos advertir el firme compromiso por llevar a cabo la tarea por parte de quien fuera designado Presidente de la Comisión del Digesto, el Leg. José Alberto Cúneo Vergés, que puso toda la valiosa  estructura  y los recursos humanos de la Legislatura para este ambicioso Proyecto. No había excusas para fracasar.

Estábamos convencidos  de que el exceso de normas puede lastrar el necesario dinamismo que reclama nuestra vital sociedad y que podía estar afectando   la agilidad, simplificación y eficiencia que deberían presidir las relaciones entre la gobernados y gobernantes.

Nos comprometimos, incluso, a profundizar el trabajo hasta llegar a una  consolidación, una tarea de cirugía mayor en la legislación, que exige la identificación de leyes obsoletas, de objeto cumplido,  de leyes no generales y de aquellas expresa y tácitamente derogadas por normas posteriores.

Éramos concientes de que al final de la labor nos quedaríamos con un muy reducido número de leyes efectivamente vigentes, pero también sabíamos  que con ello estábamos contribuyendo a una mejor democracia, con reglas claras para tanto para funcionarios como para ciudadanos, aporte esencial para la paz y el desarrollo de la provincia: no puede haber norma clara en un sistema jurídico contaminado. Los que hemos pasado por la función pública sabemos los dilemas que se nos plantean cuando debemos aplicar, con apego al formalismo, normas que la sociedad dejó de cumplir por obra de la costumbre y la inseguridad jurídica que ello provoca..

Hoy podemos decir:  tarea cumplida. Aquí están sus frutos. Ellos serán el legado de esta Legislatura a nuestros comprovincianos y a todos aquellos que venga a nuestra provincia a vivir, a crecer, a invertir...

Dejamos, para los futuros legisladores, una base sólida sobre la cual legislar en el futuro, deseosos de que lo hagan bien -la norma clara no elimina la interpretación, pero la facilita- y cuando realmente haga falta para atender a nuevas demandas sociales.

No decimos legislar menos. Decimos legislar mejor. Es probable que al hacerlo asi, tengamos como resultado que se dicten menos normas.

Apelamos a la coincidencia y consciencia parlamentaria de las fuerzas políticas con representación en este ámbito porque si bien es cierto que a menudo las palabras pueden estar vacías de contenido y que las leyes se construyen con palabras, las palabras de una ley no se las puede llevar el viento: se convierten en respuesta a los derechos de los ciudadanos y, en particular, protegen a aquellos que tienen menos poder o recursos para ejercer su ciudadanía porque -como expresara el filósofo italiano Flores d´Arcais,- la "ley es el poder de los que no lo tienen".

Nuestra futura legislación deberá contar con una elevada cuota de prudencia y realismo, a partir del dictado de  normas solamente si son indispensables para satisfacer el bien común y,una vez sancionadas, de rigurosa aplicación, tanto por gobernantes como gobernados para no forjar un mero enredo normativo en desmedro de la seguridad jurídica.

No deberá haber lugar para  leyes redundantes, ambiguas, contradictorias, ineficientes e ineficaces para ordenar la conducta social y conducir las relaciones entre el Estado y los particulares y entre éstos entre sí.

Es lo que se denomina "calidad normativa" cuya beneficiaria serán  la sociedad en su conjunto,  al estar regida por un orden jurídico justo que, por la pulcritud con que se ha construido, sea cabal expresión a las garantías de seguridad y certeza de los derechos y obligaciones consignados en las normas.

Una sociedad es justa si sus leyes lo son. Y la nuestra sólo podrá aspirar a la plenitud política si hacemos de cada palabra y de cada coma un auténtico cuerpo legislativo de excelencia y de calidad.

Dra.María Gilda Pedicone de Valls

Doctor en Derecho

Decana Facultad de Ciencias Jurídicas,Políticas y Sociales UNSTA

Asesora Comisión del Digesto.