Intervención del Dr. Reinaldo Jimenez en la H. Legislatura 

En primer lugar, quiero reiterar mi agradecimiento por la distinción con la que se me ha honrado al designarme miembro integrante de la Comisión Especial Redactora del Digesto Jurídico de la Provincia de Tucumán.

Semejante voto de confianza me ha llevado a desplegar toda mi energía y disponer mi espíritu al servicio de esta extraordinaria obra, cuyo tratamiento nos convoca.

Quiero también remarcar la solidez de la decisión política del doctor Juan Manzur de realizar el Digesto Jurídico, que nos permite hoy llevar a cabo esta sesión sin precedente en la historia de Tucumán y del Poder Legislativo.

Asimismo, corresponde poner de manifiesto el tremendo esfuerzo y dedicación del señor presidente de la Comisión Especial Redactora para cumplir con los objetivos y plazos propuestos, como el de los señores legisladores miembros de la Comisión.

Mención especial debo dedicar a los señores legisladores de las comisiones permanentes y sus asesores que han debido trabajar con esmero y sin pausa para poder emitir sus dictámenes.

Y en materia de reconocimiento debo citar a los integrantes del equipo de trabajo que asistió a la comisión conformado por el personal propio de todas las áreas del Cuerpo, de todas las jerarquías y el plantel de asesores y de coordinación.

Emplearé los valiosos minutos que me corresponden en esta especial sesión para referirme a algunas de las consecuencias o efectos medulares buscados y pretendidos por el ideal político que inspiró y gobernó la elaboración de esta magna obra.

Autorizadas voces dedicadas a la investigación y al estudio de diversas cuestiones y problemáticas que desafían al moderno Estado legislador, advierten que no puede hablarse de ordenamiento jurídico, de Derecho ni de Justicia en medio de un soberano desorden.

En esta época se advierte que los Estados, en sentido amplio, tienen una producción y un volumen tan abrumador de leyes y reglamentos que termina por desvalorizar los superiores principios, derechos y garantías contenidos en el patrimonio legislativo, por lo que nadie puede tener una certeza absoluta sobre cuál es el derecho útil y vigente en el universo jurídico.

Nuestra Provincia evidencia claros signos de padecer este flagelo conocido como "inflación" y "contaminación legislativa", y no tratarlo viene a vulnerar el funcionamiento del Estado legislador, y lo que es peor, aleja o enfría las relaciones entre la ley y el pueblo destinatario.

Lo expresado equivaldría a permitir que el hombre religioso se aleje de la Sagrada Palabra que lo alimenta; el hombre político de la doctrina que lo animan y movilizan, o el ciudadano de los valores y principios que lo orientan.

Toda esta realidad viene a generar un comprensible sentimiento de desorden, de inseguridad o confusión legislativa, al encontrarse contaminado el espacio en el que conviven la norma y el ciudadano. Viene ello a dificultar en gran medida el acceso del pueblo hacia las leyes, los principios y las reglas superiores de conducta que crea y produce el Estado.

Este desfavorable panorama legislativo lleva a la conclusión que el camino que conecta al pueblo con el efectivo conocimiento de la norma es de acceso restringido. No se cumple el viejo principio o ficción jurídica que postula que "el Derecho se presume conocido por todos", heredado del sabio Derecho Romano y plasmado en el artículo 20 del Código Civil, que establece: "La ignorancia de las leyes no sirve de excusa...". Es decir, nos alejamos del digno y virtuoso ideal que pretende que las leyes estén al alcance del pueblo.

Un pueblo que no conoce sus leyes no se escucha a sí mismo y corre el riesgo de poner en crisis su propia identidad. Si el ciudadano pierde de vista la ley, la cual contiene superiores principios y valores que le sirven de guía, fácilmente puede extraviarse en el camino de la búsqueda del bien común.

Entonces, la inflación y la contaminación legislativa atentan contra la seguridad jurídica sobre la cual Jeremías Bentham bien ha sentenciado: "Gracias a la seguridad jurídica podemos prever el futuro y, por lo tanto, tomar nuestras disposiciones para entonces; es la base sobre la que descansan todos los planes, todo trabajo y todo ahorro; con ella la vida no es simplemente una sucesión de instantes, sino una continuidad, y la existencia de cada uno entra como un eslabón en la cadena de las generaciones. La seguridad es la característica distintiva de las civilizaciones, la que diferencia la paz de la guerra y al hombre de la bestia".

En definitiva, toda esta problemática legitima y justifica sobradamente la elaboración de esta monumental tarea que es el Digesto Jurídico, cuyo propósito capital es facilitarnos, a toda la población, la accesibilidad y el efectivo conocimiento y publicidad de las normas que rigen y gobiernan nuestras vidas.

El Digesto Jurídico tucumano es la medicina apropiada y oportuna para acabar con el flagelo de la contaminación y desorden legislativo , pues viene a ofrecer al pueblo tucumano un universo normativo vigente, purificado y ordenado.

Señor Presidente, señores legisladores, haber estado inmerso entre nuestras leyes durante estos casi dos años de intenso y arduo trabajo, me permite afirmar que la puesta en vigencia del Digesto Jurídico tendrá un saludable impacto social, jurídico y político, con valiosas consecuencias democratizadoras.

Su aplicación permitirá a los ciudadanos y al propio Estado conocer con exactitud el alcance de sus derechos y obligaciones; al juez y operadores jurídicos facilitar la aplicación de la ley; al legislador brindarle seguridad en la producción de normas y al hombre de negocios sentirse seguro para emprender nuevas inversiones y empresas.

Se evidencia así la vocación de esta Honorable Cámara de dar soluciones concretas a la altura de estos tiempos.

Es innegable que el Digesto Jurídico es el instrumento adecuado que nos permitirá disfrutar de nuestro paisaje legislativo libre de contaminación. Fortalecerá los lazos de amistad entre la norma y el ciudadano y revitalizará a nuestro sistema democrático, representativo y republicano, constituyéndose en la clave de bóveda para dotar de mayor realidad aquella antigua ficción ya señalada de que el derecho se presume conocido por todos.

A partir de ahora a nuestra legislación podremos volver a llamarla con propiedad "ordenamiento jurídico".

Con la aprobación de esta obra, el Estado está garantizando a la población el efectivo conocimiento de las normas. El Digesto Jurídico es el puente que une al pueblo con su ley.

Señor Presidente, por último, si bien es mi anhelo que sepamos aprovechar al Digesto Jurídico como herramienta para conocer nuestras leyes, es también mi deseo que signifique para todos nosotros asimilar e incorporar los superiores valores de las leyes, de manera tal que se conviertan en dones y virtudes humanas en cada uno de nosotros, para que de esta manera, e infundido en el pueblo el espíritu de las leyes, participemos con mayor devoción y celo en la construcción de un Estado más democrático, más valiente, más digno y más justo. Nada más, muchas gracias.