Desde 2003, el Gobierno nacional impulsó la creación de  trabajo decente como el mecanismo más eficaz para la inclusión social.  Consecuente con dicho diagnóstico, generó condiciones macroeconómicas  que  crearon  tres millones y medio de puestos de trabajo registrados.

Sin embargo, la propuesta de la asignación universal por hijo, busca ampliar la protección social a un sector de la población que, por las transformaciones en el mercado de trabajo y en la legislación laboral en la década del '90, seguía excluido de los beneficios de la seguridad social.

El sistema de protección social en la Argentina se caracteriza por su carácter contributivo, dado el vínculo directo con el mundo del trabajo y, en particular, con el empleo formal para acceder a gran parte de los beneficios del mismo. Desde el mercado de trabajo se articula el acceso a beneficios previsionales (jubilaciones), asignaciones familiares, a la cobertura de salud y al seguro de desempleo, entre otras.

 Durante muchos años, en un contexto caracterizado por una baja tasa de desempleo y un elevado porcentaje del empleo formal, este esquema implicaba cubrir a un porcentaje elevado de la población. No obstante, la Argentina enfrentó, a partir de los '90, un continuo proceso de precarización y aumento de la desocupación que hizo que el alcance del esquema contributivo se redujera significativamente.

La reciente extensión de las asignaciones familiares viene a corregir definitivamente ese desfasaje, que ya había sido atacado a través del Plan Jefas y Jefes de Hogar Desocupados, el Programa Familiar por la inclusión Social (2005) y el Seguro de Capacitación y Empleo (2006).

A través de esta medida se inyectarán alrededor de seis mil  millones en la economía, pero en realidad son $10.800 millones, porque hay que tener en cuenta que se re direccionarán hacia este nuevo programa los recursos de los programas de transferencia monetaria vigentes hasta el momento, que suman alrededor de $4.000 millones- , los cuales están destinados a grupos de alta vulnerabilidad, como son los trabajadores desempleados de larga duración y los trabajadores informales.

Como estos grupos poseen una propensión marginal a consumir superior al promedio de la economía, se espera un importante impacto sobre la demanda agregada fruto de una fuerte expansión  del consumo.

 Esta medida, claramente progresiva, debe ser puesta en relación con los beneficios otorgados por el Gobierno a otro grupo vulnerable, que es el de los adultos mayores sin beneficio jubilatorio. Una gran proporción de éstos, además de ser castigados por los cambios registrados en el mercado de trabajo, sufrieron los cambios paramétricos del sistema previsional (año 1993), en particular los cambios en la edad jubilatoria y los años de contribución necesarios para acceder a la prestación previsional. Por ello, para aumentar la cobertura del sistema previsional, y sacar de un estado de vulnerabilidad a los adultos mayores, se aprobó el Plan de Inclusión Previsional.

Por medio de la leyes 25.994- que establece una prestación previsional anticipad -  y 25.865, que establece un régimen especial de regularización de obligaciones provenientes del aporte previsional de los trabajadores autónomos, se permitió el acceso a los beneficios de la previsión social a personas que no cumplían con los requisitos de la ley 24.241. Asimismo, en línea con el objetivo de mejorar las prestaciones previsionales el Gobierno nacional también creó el Sistema  Integrado Previsional Argentino (ley 26.425) e implementó un régimen de movilidad de las prestaciones jubilatorias, que contempla un ajuste automático semestral de los haberes previsionales.

Hay que destacar el Plan Ingreso Social con Trabajo recientemente presentado, que propone la creación de 100.000 puestos laborales por medio de cooperativas sociales. Este plan, tiene como objetivo principal promover la inclusión social vía inserción laboral de los trabajadores que estén desocupados mediante la realización de obras de infraestructura social en los barrios más vulnerables. Los beneficiarios del plan cobrarían hasta $1.200 por mes  y, adicionalmente, se les brindará capacitación en oficios y en organización cooperativa, para lo que se propiciará la asistencia técnica y el otorgamiento de becas.

Ya dijimos que el empleo estable y bien remunerado es irremplazable como asignador  de recursos no sólo económicos sino también simbólicos. Pero se debió admitir la insuficiencia del empleo en sus distintas formas para perforar el núcleo duro de la pobreza, cristalizado en cuatro décadas de políticas exclusivas.

Casi el 40 por ciento de los hogares que la recibirán integran el sector  de ingresos más bajo y poco menos del 30 por ciento el que le sigue.  También es interesante la perspectiva del impacto regional.

En las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Formosa la transferencia por este programa rondará un tercio de todo el gasto público municipal; en el Chaco llegará al 64 por ciento. Pero esos son promedios por provincia. En los municipios más pobres el impacto será del 75 por ciento del presupuesto.

El ex presidente Néstor Kirchner explicó que la asignación universal por hijo reducirá la indigencia a menos del 3 por ciento. En efecto, la Consultora Equis  de Artemio López hizo un estudio sobre el impacto de la asignación sobre la pobreza en la provincia de Buenos Aires. Según este último, tomando en cuenta el número de beneficiarios y la inflación prevista la pobreza por ingresos descenderá en 2010 del 32 al 17,7 por ciento de la Población Económicamente Activa y la indigencia del 12 al 2,6 por ciento. Si nunca se actualizara el monto, ni dentro de una década volvería al nivel actual.

La Población Económicamente Activa es de 17,4 millones de personas, de las cuales 1,6 no tienen empleo, es decir el 9,1 por ciento, lo cual significa un avance de siete décimas en un año y medio. A esto hay que sumar un 10 por ciento de subocupados, en un contexto en que la informalidad llega al 38 por ciento.

En resumen, de cada diez trabajadores, cuatro tienen problemas de empleo. Por lo menos 1,2 millones de ellos son jefes o jefas de hogar, todo lo cual fundamenta la necesidad imperiosa que había de aplicar programas de transferencia directa de recursos, como la asignación por hijo, el pago adicional de fin de año a los jubilados o el programa de Recuperación Productiva (REPRO), que subsidia parte del salario de 85.000 trabajadores, la mayor parte en la industria, de modo de impedir suspensiones y despidos.

Paul Krugman advierte que el peligro en su país no es la caída del dólar o el peligro chino, sino el desempleo masivo. En el año 2000, por cada puesto de trabajo vacante en Estados Unidos había 1,2 personas que lo buscaban. Ahora son 5,7 postulantes por cada puesto ofrecido. Dicho de otro modo: mientras en Estados Unidos y en España las tasas de desempleo crecieron el 100 por ciento, en la Argentina su moderado incremento fue del 10 por ciento.