Este importantísimo debate político cultural requiere de nosotros la firme convicción de que fue una batalla histórica contra el poder concentrado de los medios formadores de opinión, los que como dice Ignacio Ramonet -  director del prestigioso diario francés Le Monde Diplomatique  "se interponen entre la realidad y la sociedad, deformándola, y fijando la agenda de acuerdo a sus intereses empresariales".

Analicemos:

 Según  Clarín y sus defensores, particularmente los más oportunistas, el proyecto de ley era, "fascista" y "chavista". Es una demasía y una falsedad inaceptable. El proyecto tomó aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española. Llamarla fascista cuando la actual es herencia de la dictadura genocida es temerario y cínico. Decirle Chavista a esta ley es una chicana,  no tiene nada que ver con la de Venezuela.

Se dijo que el Parlamento que la sancionó era  ilegítimo para tratarla, había que esperar a los nuevos  diputados y senadores  que asumieron el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha e izquierda al Gobierno, es uno de los más peligrosos.  La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Si en cada renovación parcial del congreso se revisaran las leyes vigentes, se consagraría una inseguridad jurídica que hoy tanto dicen preocuparles a los opositores.

"Es una ley K", se gritó, es  para controlar a los medios: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. La nueva Ley de Medios, es una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterró al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, , creó una Agencia Federal, de carácter democrático,  que controla el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede estar con el Estado y sus lógicos controles, tan solo cuando conviene.

"Ataca la libertad de prensa" -fue otro aullido-, y  reduce el margen de opinión, en realidad, reduce  la concentración de los medios en  manos del poder económico de los grandes empresarios de la comunicación. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa.

Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios?  Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.

    Se dijo: Es para destruir a Clarín: esto es una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación.

"Cada dos años se van a revisar las licencias": falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias.

Se sostuvo: "Le quieren dar el 33 por ciento a las ONG para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial". Veamos: ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes?.

"Van a lloverle juicios al Estado" dijeron: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.

"Es una ley extorsiva" clamaron: el 31 de agosto de 2009, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared:" quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte". Esto tampoco pasó.

Que no es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un "buen momento"?

Que "la autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo": lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías  es mucho mejor que lo que tenemos.

"No hubo discusión pública" argumentaron: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos los meses previos a la sanción, fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los "Café Cultura" donde se discutió el anteproyecto?  Si eso no es poder, ¿qué es?

"No beneficia en nada a la gente" rezongaron: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos la ley  y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiará.

Dijeron que esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín.