Desde el regreso de la democracia, nuestro sistema de partidos ha experimentado una progresiva mutación que fue debilitando sus estructuras nacionales de representación. Uno de los aceleradores de este proceso  -hay muchos- está dado por la degradación del sistema de selección de dirigentes, crecientemente caracterizado por la falta de mecanismos internos participativos y formativos.

Así, las candidaturas para los distintos cargos electivos fueron más el resultado de acuerdos (o desacuerdos) de las dirigencias que el fruto de la consulta a los afiliados en particular y a la ciudadanía en general. Las internas dejaron de aludir a líneas institucionales partidarias vinculadas a los resultados de elecciones internas y las disputas entre los distintos postulantes a los cargos son saldadas, directamente en las elecciones generales mediante lemas, neolemas, espejos, colectoras y otras tantas invenciones.

Las encuestas y los sondeos de opinión pasaron de ser útiles herramientas a considerarse como principios de legitimidad, válidos en sí mismos, para evitarse la "molestia y los costos" de convocar a elecciones primarias. Una suerte de cesarismo posmoderno presentado como forma directa de democracia cuando, en realidad, se trata de una deformación de la misma. Se completa el cuadro con la proliferación de sellos electoralistas cuyos nombres remiten a vaguedades y sólo sirven de packaging transitorio, para tirar luego de ser usados.

La democracia de partidos fue cediendo espacio a una suerte de "democracia de audiencias o de opinión", que reforzó las instancias delegativas a las participativas. Así se consolidó una suerte de círculo vicioso mediante el cual la ciudadanía fue aumentando su indiferencia hacia "la política" y muchos dirigentes acumularon capital simbólico con un discurso "anti político", que presentó como mérito el alejamiento de las prácticas partidarias, calificándolas de clientelistas y extrañas a la "gente", por ser implementadas por "políticos profesionales". Algo así como justificar, ante la mala praxis de un médico -o de varios-, la práctica del curanderismo. Sin embargo, los partidos políticos no murieron; siguen existiendo, aunque bajo una forma distinta del modelo "ideal".

Tal es el escenario en el que nos encontramos: de los partidos tradicionales nos quedan más herencias culturales reconocibles que estructuras orgánicas. Pero existen, y el desafío del presente es reinventarlos, evitando su atomización. Recordemos que, en la actualidad, existen 713 partidos reconocidos en todo el país, un verdadero festival  que confunde y distrae a la ciudadanía.

El viejo principio que sentenciaba que luego de una interna "el que gana conduce y el que pierde acompaña" fue reemplazado en los hechos por "somos todos candidatos y después negociamos". Esta cantidad de partidos (o simplemente listas) no se traduce en la típica ecuación de "a mayor pluralidad, mayores beneficios para la ciudadanía"; porque una gran parte de ellos posee perfiles desdibujados, ideologías laxas y  lealtades cambiantes.

En este caso, la visión de la política como un mercado en el cual todo se regulará con el tiempo, depurando las expresiones que no tengan demanda, no se ha correspondido con la realidad. Es posible que la experiencia sirva para desalentar definitivamente a los que pretenden mimetizar las lógicas de la política y la economía.

O tal vez no, porque quienes transitan esos senderos no suelen hacerlo ingenuamente, sino que miran con agrado el reemplazo de los partidos por "marcas", las propuestas por "spots", los ideólogos por "creativos" y los conflictos por consensos "bajas calorías".

Bajo este paradigma, los atributos personales de los candidatos son más relevantes que las posiciones partidarias. Así, intentan, detrás de una máscara técnica y de gestión, instalar como  única ideología válida la del "sentido común", que generalmente sostiene y legitima el statu quo.

Por esto la Ley para "democratizar la representación política, la transparencia y la equidad electoral" constituye una excelente plataforma para comenzar a corregir muchas de las deficiencias descriptas.

No se trata de suponer ingenuamente que una ley solucionará por sí misma los muchos males existentes, pero sí de entender que puede colaborar decisivamente a mejorar la calidad de nuestros partidos, reordenándolos a partir de reglas que alienten un mayor protagonismo ciudadano, consolidándolos como herramientas preferenciales (no excluyentes) de la voluntad popular.

En la actualidad, los partidos políticos débiles provocan, por default, que las demandas se canalicen sin intermediaciones estables, directamente hacia el Estado. Así, la estructuración de las agendas de problemas se constituye a partir de una lógica mediática, en la que las prioridades las establece el rating antes que las necesidades estratégicas, y las opiniones (efímeras y cambiantes por definición) reemplazan a las convicciones.

La resolución de los problemas fundamentales en una comunidad organizada (libertad política, distribución del ingreso, desarrollo sustentable, igualdad de oportunidades, calidad institucional) no se obtendrá por el efectismo y el oportunismo de líderes que renieguen de identidades colectivas, remitiéndose sólo a su propia conciencia como  instancia suprema ante la cual responder, sino que será el fruto de representantes consagrados por la participación popular, que asuman con orgullo su pertenencia electoral a partidos políticos.